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Informacion (Constitución + LRJAPyPAC + EBEP + Contratos)
Etiquetas Constitucion Normativa Estatal Simulacros de Examen
Numero de preguntas 40
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Los contratos de obras podrán adjudicarse por procedimiento negociado: (T.Función Administrativa, SCS 2011)
En todo caso, cuando el presupuesto de licitación, sin incluir las posibles prórrogas, sea inferior a un millón de euros.
Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de investigación o de desarrollo.
Cuando su valor estimado sea inferior a un millón trescientos mil euros.
Las tres respuestas anteriores son incorrectas.
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Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, mediante: (Administrativo, Com. Madrid 2002)
Decreto-ley.
Ley ordinaria.
Ley orgánica.
Ley de bases.
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La potestad sancionadora de la Administración, según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se puede ejercer cuando haya sido expresamente reconocida por: (Gestión, SES 2008)
Una norma reglamentaria.
Un Decreto.
Una Orden Ministerial.
Una norma con rango de ley.
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Entre los requisitos generales de acceso a procesos selectivos para el acceso al empleo público, no se encuentra: (Aux.Adtivo, CHGUV 2011)
Tener cumplidos los 18 años.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
No exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
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Señale la respuesta correcta: (Administrativo, Com. Madrid 2003)
Las facultades de revisión de oficio podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el transcurso de 4 años o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las leyes.
Las facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, a los intereses de los particulares o a las leyes.
Las facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la justicia, a la buena fe, a los intereses legítimos de los particulares o a las leyes.
Las facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la e
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En relación con la clasificación de las obras en contratos del Sector Público, a los efectos de elaboración de los proyectos, según su objeto y naturaleza, señale la afirmación INCORRECTA: (T.S.Junta Extremadura 2009)
Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
Se consideran como obras de conservación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.
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Según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho: (Administrativo Com. Madrid 2007)
A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento posterior al trámite de audiencia, que deberán obligatoriamente ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.
A utilizar las lenguas no oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.
A conocer, en todo momento, el estado de la tramitación de cualquier procedimiento que se esté tramitando en la administración, y obtener copias de documentos.
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Según el artículo 68 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los procedimientos podrán iniciarse: (Administrativo Com Madrid 2007)
Únicamente a instancia de parte.
De oficio y a solicitud de persona interesada.
Únicamente a solicitud de persona interesada.
De oficio, a solicitud de persona interesada y a través de mandatario.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso de que los empleados públicos reciban instrucciones u órdenes profesionales de los superiores constitutivas de infracción manifiesta del ordenamiento jurídico: (Técnico Administración, Junta Extremadura 2009)
Podrán desobedecerlas directamente.
Deberán obedecerlas tras ponerlas en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Deberán obedecerla sin más.
Las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
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De conformidad con el Título IX de la Constitución Española: (Aux.Adtivo, Principado Asturias 2009)
La impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas producirá la suspensión de la disposición recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a seis meses.
Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán el el BOE con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada desde su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.
El Ministerio Fiscal está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad.
El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.
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