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Informacion Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoComún - Preguntas de exámenes (Madrid) Nº55 [Dificultad Alta]
Etiquetas Administrativo Normativa Estatal
Numero de preguntas 50
Situacion Preguntas independientes.
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Cuando se rechace la notificación: (Aux.Adtivo.Ayto Vélez 2009)
Será preciso efectuar una nueva notificación.
Se entenderá notificado al destinatario.
Se notificará al interesado mediante edictos.
Se requerirá la presencia de dos testigos.
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La declaración de lesividad de los actos anulables, para su ulterior impugnación ante la vía contencioso-administrativa, conforme al artículo 103 de la Ley 30/1992: (Aux.Adtivo.Ayto Almudévar 2010)
Podrá ser adoptada por la Presidencia del Ayuntamiento, en cualquier momento y previo dictamen favorable del Consejo de Estado.
Sólo podrá ser instada de oficio, por la propia Administración Pública en el plazo de 4 años desde que se dictó el acto.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Podrá ser instada a solicitud de parte interesada, en cualquier momento, viniendo obligada la Administración a incoarla de oficio.
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Son actos anulables: (Aux.Adtivo.Ayto Torrelavega 2010)
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido por las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
Los dictados prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legalmente establecidos para ellos.
Los de contenido imposible.
Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.
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El Trámite de Audiencia: (Aux.Adtivo.Ayto Torrente 2009)
Todas las respuestas son correctas.
Se podrá prescindir de éste, en los casos previstos en la Ley 30/1992 LRJAP y PAC.
Constituye una e las partes de la Ordenación del procedimiento.
Se producirá en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 20.
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Los principios de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se regulan en: (Aux.Adtivo.Ayto Altea 2010)
La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
El artículo 53 de la Constitución Española.
La norma que regula el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP-PAC.
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La caducidad del procedimiento administrativo común: (Aux.Adtivo.Ayto Torrente 2009)
Puede producirse en procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte.
Se producirá a los 3 meses si se paraliza el procedimiento por causa imputable al interesado.
Contra la resolución de caducidad no cabrá recurso alguno.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Para declarar la nulidad de una disposición administrativa se requerirá: (Aux.Adtivo.Ayto Picassent 2010)
Informe previo del Consejo de Estado.
Ninguna de las anteriores.
Audiencia previa del Consejo de Estado.
Dictamen previo del Consejo de Estado.
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La no resolución expresa de un recurso de reposición potestativo tiene efectos: (Aux.Adtivo.Ayto Almudévar 2010)
Estimatorios si se interpuso frente a una resolución desestimada por silencio.
Desestimatorios.
Estimatorios si una ley especial lo determina.
Estimatorios, en todo caso.
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¿En qué casos podrá la administración abstenerse de resolver?: (Bolsa Aux.Adtivo.Ayto Paterna 2010)
Ninguna respuesta anterior es correcta.
En ningún caso, excepto cuando se trate de la utilización de bienes patrimoniales de la propia Administración.
En los casos previstos en el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En ningún caso, so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso.
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Los actos de las Administraciones Públicas o disposiciones administrativas no son nulos de pleno derecho en el caso: (Aux.Adtivo.Ayto Albal 2008)
Ninguna es correcta.
En los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables.
Que se dicten como consecuencia de infracción penal.
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