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Informacion Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoComún - Preguntas de exámenes Autonómicos Nº35 [Dificultad Alta]
Etiquetas Administrativo Normativa Estatal
Numero de preguntas 60
Situacion Preguntas independientes.
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Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la resolución del procedimiento administrativo, cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados:
El órgano competente no puede pronunciarse sobre las mismas
El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas pero deberá ponerlo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a veinte días
El órgano competente deberá pronunciarse sobre las mismas pero deberá ponerlo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a diez días
El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas pero deberá ponerlo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días
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Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas sujetarán su actividad a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación
Ninguna de las anteriores respuestas es verdadera
Su actividad sólo estará sometida al Derecho Civil y Penal, según corresponda
En toda su actividad, tanto pública como privada, y en todo caso según dispongan sus normas de creación
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Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, el instructor del procedimiento acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo: (Educación Especial. Grupo C Gen Valenciana 2008)
No superior a quince días ni inferior a diez
No superior a treinta días ni inferior a diez
No superior a veinte días ni inferior a diez
No superior a veinte días ni inferior a cinco
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Indicar cual de las siguientes respuestas es correcta, en relación con la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: (Admon Especial. Gen Valenciana 2010)
Como norma general, las infracciones leves prescriben al año, excepto que en las leyes que las establezcan se fije otro plazo distinto de prescripción
Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario
Podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento
Todas las respuestas anteriores son incorrectas
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Con respecto a lo dispuesto sobre términos y plazos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?
Cuando un día fuese hábil en el Municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se
Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos
Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son naturales
Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá sustituido por el día inmediatamente anterior que sea hábil
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Señale la respuesta correcta:
Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción
La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones de la Administración
La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular
Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción
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Según el artículo 31 de la LRJAPyPAC, se considerarán interesados en el procedimiento administrativo: (Aux.Adtivo.AVS 2009)
Aquello cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento incluso con posterioridad a la finalización del mismo por resolución definitiva
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar o no afectados por la decisión que en el mismo se adopte
Únicamente aquellos que lo hubieran promovido
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Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán: (Adtivo. Gen Valenciana 2001)
Siempre por reclamación de los interesados
De oficio o por reclamación de los interesados
Nunca de oficio
Siempre de oficio
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos administrativos se producirán: (Admon Especial. Gen Valenciana 2010)
Siempre por escrito
Oralmente o por escrito
Por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia
Siempre por escrito y deberán ser motivados
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Con relación a las competencias de los órganos de las Administraciones Públicas, según la regulación establecida en el Título II de la LRJAPyPAC, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?: (Aux.Adtivo.AVS.2009)
Todas las respuestas anteriores son incorrectas
La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia sin excepciones
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano que firma la resolución
La encomienda de gestión supone alteración de la titularidad de la competencia
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