Las reclamaciones previas a la vía judicial laboral se deberán dirigir:

Ante el director o jefe administrativo del organismo en que el trabajador preste sus servicios. Ante el conseller correspondiente en el ámbito de la comunidad autónoma. Ante el ministro competente. Ante la Secretaría General Administrativa del organismo en que el trabajador preste sus servicios.

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La resolución del recurso:

Estimará o desestimará las pretensiones de las partes. Todas las respuestas son falsas. Estimará o desestimará totalmente las pretensiones formuladas en el mismo. Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

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Serán indemnizables las lesiones producidas al particular:

Provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. En todo caso. Provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley o los reglamentos. Todas las respuestas son falsas.

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Los actos declarativos de derechos:

Podrán ser anulados por la administración. Nunca podrán ser anulados por la administración. Podrán ser anulados por la administración, siempre que lo sea a solicitud del interesado o titular de tales derechos. Podrán ser anulados por la administración, siempre que lo sea a iniciativa propia.

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Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador:

Serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario y de la indemnización por los daños y perjuicios causados. Serán compatibles con la exigencia al infractor de la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente. Serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. Son incompatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario y de la indemnización por los daños y perjuicios causados.

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Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver, ¿puede suspender la ejecución del acto?:

No, en ningún caso. Sí, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Ninguna de las respuestas es correcta. Sí, siempre.

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Cuando no recae resolución expresa, la solicitud de indemnización:

Si la responsabilidad no se deriva de caso fortuito, se podrá entender estimada. Sólo en los casos determinados en la propia ley de procedimiento administrativo, se podrá entender estimada. En todo caso, se podrá entender estimada. Se podrá entender desestimada.

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¿Cuándo pueden revocar las administraciones públicas los actos de gravamen desfavorables?:

En plazo de seis días desde que se dictó el acto. En cualquier momento. Nunca. En un plazo de cinco días desde que se dictó el acto.

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La indemnización se calculará con arreglo a criterios:

Propios del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. De valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables. Propios de la administración. De valoración que establezca el Consejo de Ministros.

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Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la administración se resolverán:

En el ámbito de la Administración General del Estado, por el Consejo de Ministros, si procede. Todas las respuestas son válidas. En el ámbito de la administración de cada comunidad autónoma, siempre por el jefe del departamento responsable del daño. En el ámbito de la Administración General del Estado, siempre por el ministro respectivo.

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