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Informacion Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoComún - Preguntas de exámenes Locales Nº 57 [Dificultad Alta]
Etiquetas Administrativo Normativa Estatal
Numero de preguntas 50
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

El acceso de los ciudadanos a los Registros y Archivos regulados en los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: (Aux.Adtivo.Ayto Torrent 2006)
Implica el derecho de acceso a los registros y documentos que, formando parte de expedientes correspondientes a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud, obren en los archivos administrativos.
No conlleva el derecho a obtener copias y certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración.
Implica el derecho de cualquier ciudadano a acceder a los registros y documentos que, formando parte de expedientes en trámite en la fecha de la solicitud, obre en los archivos administrativos.
El ejercicio del derecho de acceso podrá ser denegado, sin necesidad de resolución, cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley.
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La nulidad o anulabilidad en parte de un acto administrativo: (Aux.Adtivo.Ayto Zaragoza 2010)
Ninguno de los anteriores.
Determinará la nulidad o anulabilidad de la totalidad del acto administrativo, salvo que se trate de una parte accesoria y separable.
No implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
No implicará en ningún caso la de las partes del mismo independientes de aquélla.
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La Ley 30/92, de 26 de noviembre de RJAP y PAC en su Título VI ?De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos? en el Capítulo IV, Sección Tercera, hace referencia: (Aux.Adtivo.Ayto Utrera 2008)
Ninguna es correctas.
Desistimiento y renuncia.
Caducidad.
Resolución.
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Serán motivados, con sucinta referencia de hecho y fundamento de derecho: (Aux.Adtivo.Ayto Santander)
Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
La respuesta a) es correcta, pero la b) no.
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.
Las dos respuestas anteriores son correctas.
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Cuando el interesado o su representante en un procedimiento administrativo, rechace la notificación de una actuación administrativa: (Aux.Adtivo.Ayto Santander)
Se hará constar en el expediente la negativa y se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose con el procedimiento.
Podrá firmar el propio notificador.
La Administración efectuará los trámites necesarios para obligar al interesado a firmar la notificación.
Habrá que volver a intentarlo hasta 2 veces en horario distinto.
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La práctica de pruebas dentro del procedimiento administrativo se encuadra en la fase de: (Aux.Adtivo.Ayto Valdepeñas 2010)
Iniciación.
Ordenación.
Instrucción.
Terminación.
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El trámite de audiencia tendrá lugar: (Bolsa Aux.Adtivo.Ayto Paterna 2010)
Después de la práctica de la prueba.
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
Ninguna es correcta.
Antes de finalizar la fase de instrucción.
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Las alegaciones, durante la instrucción del procedimiento administrativo común, se pueden formular: (Subalterno, Ayto Valencia)
En cualquier momento de la tramitación.
A instancia de la Administración.
En cualquier momento de la tramitación, antes del trámite de audiencia.
En el plazo de 15 días.
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La desviación de poder supone una infracción del ordenamiento jurídico que puede ser declarada: (Aux.Adtivo.Ayto Moncada 2009)
Anulable.
Ninguna respuesta es correcta.
Irregular.
Nula de pleno derecho.
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El artículo 62 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: (Aux.Adtivo.Ayto Zaragoza 2010)
Ninguna es correcta.
Establece la nulidad de pleno derecho respecto de los actos administrativos y las disposiciones administrativas.
Establece la nulidad de pleno derecho respecto de los actos administrativos.
Establece la nulidad de pleno derecho respecto de los actos administrativos y la anulabilidad de las disposiciones administrativas.
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