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Informacion Bloque Derecho
Etiquetas Administrativo
Numero de preguntas 647
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El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la administración, consecuencia de que esté obligada a realizar una prestación concreta a favor de alguna persona, y una vez requerida la administración para su cumplimiento, el plazo efectivo será de:
Máximo de 2 meses.
Máximo de 3 meses.
Máximo de 6 meses.
Máximo de 1 mes.
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El plazo para la interposición de un recurso de alzada, si el acto no es expreso, es de
Cinco meses.
Seis meses.
Tres meses.
Cuatro meses.
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La Ley 30/92 tiene por título:
De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y su Procedimiento.
De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
De Régimen Jurídico de las Administraciones y su Procedimiento.
De Régimen Jurídico de las Administraciones y Procedimiento Administrativo.
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El plazo máximo para resolver un procedimiento podrá ampliarse:
Excepcional y motivadamente, más allá del doble del plazo fijado para resolver.
Por la voluntad del órgano encargado para resolver, más allá del doble del plazo fijado para resolver.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia.
Son erróneas las tres alternativas propuestas.
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Si fuesen varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá:
El menos restrictivo de la libertad individual.
El menos dañoso para el patrimonio del administrado.
El que la administración pública competente para la ejecución considere más conveniente.
El que sea más fácil de realizar por la administración.
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La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos:
Especiales.
Todas las respuestas son ciertas.
En los que intervengan interesados residentes fuera de España, siempre que la administración lo estime conveniente.
Tramitados en el interior de España, que exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero.
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La potestad reglamentaria corresponde de forma exclusiva:
Al poder ejecutivo.
A las diferentes administraciones públicas.
Al poder legislativo (Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas).
No existe reserva de competencias.
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El recurso de casación para la unificación de doctrina:
Su conocimiento corresponde al Tribunal Superior de Justicia.
Su conocimiento corresponde al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia.
Su conocimiento corresponde al Tribunal Supremo.
Todas las respuestas son incorrectas.
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Cabrá la interposición del recurso de alzada:
Contra el acto que resuelva un recurso de alzada anterior.
Contra la resolución de un expediente administrativo de responsabilidad patrimonial dictada por un alcalde.
Contra la decisión de la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia.
Son erróneas todas las alternativas propuestas.
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Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común:
Las notificaciones se practicarán siempre personalmente.
Las administraciones públicas no podrán establecer otras formas de notificación complementarias.
Las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, lo que no excluirá la obligación de notificar conforme establece la propia Ley 30/92.
Las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, lo que excluirá la obligación de notificar de cualquier otro modo.
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