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Informacion El procedimiento
Etiquetas Administrativo
Numero de preguntas 195
Situacion Preguntas independientes.
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El título octavo de la Ley 30/92 lleva por rúbrica:
De la potestad sancionadora.
De los interesados.
No tiene por rúbrica ninguna de las alternativas propuestas.
De la revisión de los actos en vía administrativa.
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Pueden establecer sus propias normas de funcionamiento los siguientes órganos colegiados:
Tan sólo los compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas.
Pueden hacerlo todos los órganos colegiados.
Únicamente los participados por organizaciones que representen intereses sociales.
Los participados por organizaciones que representen intereses sociales y los compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas.
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La interposición del recurso de reposición:
Son erróneas las alternativas propuestas.
Es potestativo, pero impide la interposición de otros recursos hasta su resolución.
Es preceptiva, pero permite la interposición de nuevos recursos contra su resolución.
Es potestativa, pero impide la interposición de nuevos recursos contra su resolución.
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Las sanciones por infracciones graves prescribirán, según la Ley 30/92:
En el plazo de tres años.
En el plazo de dos años.
En el plazo de cuatro años.
Todas las alternativas propuestas son erróneas.
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Cuando concurran en la producción de un perjuicio dos administraciones públicas se aplicará:
El principio de subsidiariedad en la responsabilidad.
La atribución de responsabilidad a través de instrumento jurídico, y en defecto de éste, el principio de subsidiariedad.
El principio de solidaridad en la responsabilidad.
La atribución de responsabilidad a través de instrumento jurídico, y en defecto de éste, el principio de solidaridad.
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Podrán ser sancionadas:
Exclusivamente las personas físicas, independientemente de su nacionalidad.
Exclusivamente las personas españolas, sean físicas o jurídicas.
Exclusivamente las personas jurídicas, independientemente de su nacionalidad.
Exclusivamente las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que resulten responsables, aun a título de mera inobservancia.
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Según el artículo 3.1.2º de la Ley 30/92, las administraciones públicas deberán respetar en su actuación el principio de:
Confianza genérica.
Confianza recíproca.
Confianza unívoca.
Confianza legítima.
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Cuando no se determine concretamente, la facultad de instrucción y resolución de expedientes relacionados con una competencia corresponderá:
A los órganos que determine la administración a la que se atribuye la competencia.
A los órganos inferiores competentes por razón de materia y territorio.
Son erróneas las tres alternativas propuestas.
A los órganos superiores competentes por razón de materia y territorio.
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Consumido el plazo de la caducidad, sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración acordará:
La reanudación del procedimiento.
La suspensión del procedimiento.
El archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
El archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso alguno.
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Toda notificación deberá ser cursada, desde la fecha en que se haya dictado el acto a notificar, en el plazo de:
Tres días.
Quince días.
No existe pronunciamiento al respecto en la Ley 30/92.
Diez días.
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